Se equivocan con la receta inflacionaria

Se equivocan con la receta inflacionaria
Por: Enrique Szewach
Ámbito Financiero

Primero, un repaso a la situación internacional. Da toda la impresión que la rápida reacción de los bancos centrales inyectando liquidez y la reacción de la Fed reduciendo los costos de esa liquidez está dando resultado. Los mercados están reaccionando favorablemente y parecen más cercanos a una corrección, dentro de perspectivas positivas, que a una ratificación del desplome. Sin embargo, todavía no es tiempo de cantar victoria. Como expresaba la semana pasada, los problemas de liquidez se superan con «prestamistas de última instancia», los de solvencia no. Falta ahora la depuración del mercado de aquéllos que, efectivamente, se «merecieron» la corrida, por la pérdida de calidad de sus activos. Habrá que ver, de aquí en más, quiénes de los portadores del «virus» de las hipotecas de baja calidad quedan sanos y quiénes no tendrán cura. Dependiendo de la magnitud de la enfermedad sabremos, en los próximos meses, el grado de la desaceleración de la economía mundial. Por ahora, insisto, el escenario de aterrizaje suave, menor crecimiento, mayores spreads hacia lo más riesgoso, pero sin recesión y sin desplome de los precios de los commodities agrícolas sigue siendo el más probable. ¿Altera en algo este panorama la agenda de política económica local? En realidad no. Quizá le reste algo de margen de maniobra a la política económica. Quizá torne más urgente algunas medidas previstas para más largo plazo. Quizá, también aquí, veamos algunas consecuencias en el sector inmobiliario y en el ingreso de capitales amantes del riesgo argentino. Pero lo cierto es que más allá de estas cuestiones del entorno, que no son menores por cierto, lo que teníamos por delante en materia de política económica un mes atrás, también lo tenemos por delante ahora. Desde el punto de vista macro, la tarea más importante del próximo gobierno será la de recuperar solvencia fiscal y adaptar la política monetaria y cambiaria al nuevo escenario internacional. Sin embargo, la forma en que se intenta recuperar dicha solvencia fiscal resulta peligrosa. La idea de convivir con 15-20% anual de inflación en los ingresos y retomar un escenario de licuación del gasto, es una idea con mucho «sex appeal» en el gobierno y en quienes están cerca del futuro gobierno de Cristina. Me explico: con la maxidevaluación de 2002, el Estado, a través de las retenciones a la exportación, por un lado, y de un «impuesto extraordinario a los ingresos de empleados públicos y jubilados», y un «impuesto extraordinario a las ganancias de las empresas» (al no ajustar ninguno de estos rubros por inflación) por el otro, logró un espectacular superávit fiscal de caja. (Dicho sea de paso, resulta gracioso que todavía le echen en cara a mi amigo López Murphy su modesto pedido de reducción de 10% de los salarios públicos, teniendo en cuenta todo lo que les quitaron, con la inflación, en los años posteriores). Este superávit extraordinario se mantuvo mientras el desempleo y la capacidad ociosa del sector productivo, ponían, de alguna manera, un freno al reclamo de ajuste de los asalariados.

# Compensación

Luego, en la medida que la reducción del desempleo mejoraba los ingresos familiares (al aumentar el número de trabajadores en cada hogar), los asalariados compensaron la caída real de sus ingresos individuales, con los nuevos recursos que ingresaban en la casa, por los nuevos trabajadores. Esta etapa, de alguna manera, terminó, o se desaceleró fuertemente durante el año pasado y parte de éste. A partir de allí, el gobierno del presidente Kirchner en el nivel federal, y los gobernadores, en las provincias, empezaron a «devolver» parte de lo que la inflación les había quitado a los salarios públicos y jubilaciones. Mientras en el sector privado, también por pleno empleo, y fin de la etapa, en promedio, de la capacidad ociosa, los salarios blancos y aún los informales comenzaban a achicar, e inclusive superar, la brecha respecto de lo que la inflación se había llevado desde el estallido de la convertibilidad. Este proceso se aceleró dramáticamente, como no podía ser de otra manera, en este año electoral. Las provincias, en donde el gasto salarial es, en promedio, más de 50% del gasto total, perdieron prácticamente todo su superávit fiscal y algunas pasaron fuertemente al déficit. Mien-tras la Nación redujo su excedente, también rápidamente, aunque en menor medida, dado que el peso de los salarios públicos es relativamente menor y que el rubro de gasto más importante, jubilaciones, no tiene el mismo «reclamo» gremial que los salarios. A esta presión de salarios y jubilaciones -presión a la que cedió rápidamente el gobierno por razones electorales e inclusive ideológicas, en busca de una mejor distribución del ingreso-se le sumaron la maraña de subsidios e inversión pública tendiente a compensar problemas de oferta energética y déficit de inversión privada en infraestructura, por las razones que conocemos, más problemas en precios de alimentos, transporte, etc. Es decir, se trató de devolver parte del impuesto inflacionario, subsidiando algunos precios a ciertos sectores de la población. Sin embargo, sin esta tasa de inflación de 20% en los ingresos -más allá del «dibujo» de Morenolos ingresos fiscales hubieran sido sustancialmente menores. Obviamente que, con una tasa de inflación menor, también hubiera sido menor el ajuste necesitado por los salarios y jubilaciones. Pero, políticamente, no es lo mismo recaudar 20% más, echarle la culpa de la inflación a los «mercados oligopólicos» y luego otorgar «generosamente» un aumento a los empleados públicos y jubilados y subsidiar, además, con fondos discrecionales y control político, consumos y gastos; que, en cambio, tener un aumento de los ingresos de 7 u 8% (recaudar menos impuesto inflacionario), y anunciar menos aumentos en los gastos o subsidiar menos y, por lo tanto, controlar menos a productores, prestadores de servicios o gobernadores. La inflación, en este esquema de gobierno, ha sido parte de la «solución política» y no un problema. La idea entonces, como mencionaba más arriba, es que, pasadas las elecciones y en un escenario de mayor «normalidad», se puede recuperar solvencia fiscal, simplemente, manteniendo relativamente constante la tasa del impuesto inflacionario «verdadera» en torno a 15-20% anual y expandiendo el gasto, levemente por debajo de dicha tasa. En otras palabras, para el Presidente y su sucesora, no sólo se puede convivir con una tasa de inflación de 15% anual, sino que ésta es una manera «política» de administrar mayores recur-sos fiscales y de licuar gasto disimuladamente.

# Problema mayor

¿Por qué esta idea resulta peligrosa? No es la primera vez, en la historia de la política económica argentina, que se intenta utilizar un «poco de inflación» como mecanismo facilitador de la política fiscal. Y allí, precisamente, está el mayor de los problemas. Ningún experimento social puede repetirse, dado que «los ratones» aprendemos. Dicho de otra manera, es difícil hoy en día engañar por mucho tiempo en el verdadero valor del Indice de Precios al Consumidor. También resulta difícil engañar a los inversores sobre la verdadera solvencia fiscal, incorporando recursos de una sola vez, como los provenientes de la reforma previsional, como si fueran recursos corrientes. Es difícil, en una economía en cuasi pleno empleo, licuar salarios privados e inclusive, públicos. Y hasta la Justicia le pone límites a la licuación de jubilaciones y pensiones. En ese contexto, se corre el riesgo, similar al observado en el período 2006-2007, de ir acelerando, sin prisa pero sin pausa, la tasa de inflación, con el objetivo de postergar soluciones de largo plazo en la política fiscal. (Pero ahora partiendo de un «piso» más elevado.) Paradójicamente, juega a favor la probable desaceleración de la economía, tanto por las razones internacionales ya analizadas, como por las limitaciones locales. Pero también, y para evitar un problema mayor de mediano y largo plazo, hará falta ir normalizando precios clave de la economía, como los vinculados a la energía, lo que impactará en los precios en general, aunque reducirá los gastos en subsidios varios. Por otro lado, todavía no se han percibido mecanismos de «evasión» del impuesto inflacionario generalizados. Pero no sería de extrañar que, en la medida que se persista en tasas elevadas, dichos mecanismos comiencen a surgir, obligando al Banco Central a una política monetaria menos expansiva, con lo que ello implica en términos de tasa de interés y la «sintonía fina» del nivel de actividad y el tipo de cambio. En síntesis, el escenario internacional ha cambiado, pero por ahora, se ratifica el aterrizaje, algo menos suave, pero no violento. Esto reduce el margen de maniobra de la política económica local, pero no al extremo de generar una crisis. La idea que prima en el gobierno, respecto a que, pasadas las elecciones, tanto el Presidente como la futura presidenta, podrán volver al escenario de 2005-2006, cobrando impuesto inflacionario en los ingresos y licuando el gasto en los egresos, es una idea peligrosa. No será fácil seguir postergando políticas de fondo en materia fiscal. No será fácil apostar al «acuerdo social» como mecanismo de freno a las demandas sindicales por seguir aumentando el salario real, y a las demandas empresarias por recuperar tasas de rentabilidad extraordinarias que compensen el creciente riesgo argentino. Seguir engañándonos entre nosotros, para evitar enfrentar nuestros dilemas, nunca ha sido una buena solución.