Clave: ¿de dónde saldrá la plata del acuerdo?

Clave: ¿de dónde saldrá la plata del acuerdo?

Por: Enrique Szewach
Ámbito Financiero

El prolongado conflicto entre «el campo» y el gobierno ha tenido profundas consecuencias políticas y sociales. La popularidad del gobierno se ha desplomado. Sus planes de marketing, vinculados al «relanzamiento» de la Presidente, se han visto entorpecidos. Varias de las figuras importantes del justicialismo, gobernadores, intendentes, se encuentran obligados a realizar difíciles equilibrios entre sus votantes y su lealtad a la caja oficial. La oposición, por su parte, ha encontrado, al menos transitoriamente, una excusa para conseguir cierto espacio en la opinión pública y, finalmente, han surgido líderes regionales y sectoriales, con cierta proyección nacional.

Pero la prolongación del paro, pese al elíptico llamado al diálogo de Cristina de Kirchner y la presión del resto de las entidades empresarias, las encuestas de opinión, y los llamados de gobernadores «insospechados», también está golpeando al, hasta el momento, unido frente de las entidades agropecuarias. Por todo esto, los incentivos están ahora alineados para que se concrete el levantamiento, al menos provisorio, del paro, y ambos bandos se sienten a dialogar para llegar a un acuerdo. Sin embargo, no hay que olvidar que el conflicto, más allá de sus mencionadas consecuencias políticas y sociales, es eminentemente económico.

En efecto, todo empezó cuando el gobierno nacional quiso apropiarse de una porción mayor de los ingresos de los productores, dado el fuerte aumento de los precios internacionales de granos y oleaginosas ocurrido los últimos meses. De paso, con el esquema de «techo» al precio de la soja, se pretendió revertir, de alguna manera, la desastrosa política agropecuaria de los últimos años que, al intervenir en el mercado de la carne, el trigo y los lácteos, incentivó aún más el desplazamiento de la producción hacia el «yuyito». De manera que lo que está en discusión, después de todo, es la política agropecuaria en su conjunto. Y todo el esquema de subsidios, controles, precios máximos e impuestos a la exportación pergeñado por el gobierno K.

Sin embargo, la discusión se da, además, en un contexto de dificultades financieras crecientes para la Argentina, derivadas, por un lado, de un escenario internacional más complejo, pero, sobre todo, de la pérdida de reputación del gobierno, en cuanto al manoseo del CER (y las perspectivas de que dicho manoseo continuará, ahora disfrazado de nuevo índice) y la falta de propuestas concretas para solucionar la deuda con el Club de París; también de la deuda con aquellos que no entraron al canje y el incumplimiento de pagos de los reiterados fallos en contra del Estado argentino en el CIADI.

En otras palabras, el gobierno intentó apoderarse de, aproximadamente, dos puntos de PBI -con los precios actuales debe de ser un poco menos- para, simultáneamente, aliviar las necesidades financieras del año; evitar un traslado a precios internos mayor del boom de precios de los commodities; desalentar, con un mecanismo muy burdo por cierto, el aumento de la «sojización», y, de paso, juntar unos pesos más para la cada vez más costosa política de subsidios varios.

De manera que cualquier negociación que pretenda terminar exitosamente debe contemplar dos cosas: 1. Menor apropiación del Estado de los ingresos de los productores. 2. Cambios de fondo en la política hacia el mercado de carnes, trigo y leche.

Lo primero es una modificación, relativamente sencilla, del esquema de retenciones, pero ello indica que ese -digamos- 1,5% de PBI de recursos habrá que ir a buscarlo a otro lado o, como contrapartida, habrá que reducir subsidios en otros sectores y aumentar los precios para los consumidores.

Por otra parte, las modificaciones de largo plazo en los mercados «intervenidos» implican también aceptar mayores precios finales para los consumidores, al menos para productos «no populares» o el traslado de la « intervención» a otros integrantes de la cadena productiva de alimentos.

Dicho de otra forma, todos reclaman «que se arregle con el campo», pero algunos olvidan que «el arreglo» obligará a que algún otro pague la factura del festival de gasto y subsidios que el gobierno intentó que pagaran los agricultores. La buena noticia de largo plazo es que si finalmente se modifica de fondo la política agropecuaria, todavía se está a tiempo para subir al tren del resto de los emergentes agroindustriales exitosos que encabeza Brasil. (De paso, habría que cambiar urgentemente la política energética en su conjunto, con el mismo objetivo.)

La mala noticia, además de que habrá que «pagar» por los cambios, es que la reputación del gobierno para encarar programas creíbles de largo plazo está dañada. En síntesis, a no olvidarlo, la discusión con el campo ¡es por plata!