"No tendrá éxito el anuncio de blanqueo"

Pesimismo de dos economistas respcto de la economía en 2009

"No tendrá éxito el anuncio de blanqueo"

Por: Cecilia Roslan
Ámbito Financiero

«El gobierno debería descorchar botellas de champán en caso de conseguir u$s 1.000 o 1.500 millones con la repatriación de capitales». La frase pertenece a Jorge Avila, economista de la Universidad del CEMA, que pronosticó el fracaso del blanqueo propuesto por el gobierno. Según lo definió, es una «usina de incertidumbre» que multiplica el riesgo-país argentino.

En diálogo con Ambito Financiero, Avila anticipó el empeoramiento de las cuentas fiscales para el año que viene por contracción de la actividad económica. El economista estimó que no alcanzarán los fondos de las AFJP y que entonces la respuesta será una suerte de «devaluación administrada»: ante la caída de la recaudación «necesitan emitir y la única salida para recaudar el impuesto inflacionario es la devaluación», explicó.

Periodista: ¿Qué opina del plan lanzado por el gobierno que incluye la repatriación de capitales?

Jorge Avila: La propuesta es inédita por su alcance. No creo que vaya a tener éxito de traer fondos y reactivar la economía. Tampoco creo que redunde en una gran recaudación. La propuesta del año 92, en un contexto totalmente distinto, aportó cerca de 2% del PBI. En ese momento se confiaba en el respeto al derecho de propiedad. Las moratorias y los blanqueos durante los últimos 30 o 40 años no produjeron más de medio punto del PBI, que hoy serían u$s 1.500 millones. El gobierno debería descorchar botellas de champán en caso de conseguir u$s 1.000 o 1.500 millones, en medio de una tremenda fuga de capitales y una estampida del riesgo-país, indicador de la falta de confianza. Estamos viviendo los efectos de un default sin haber caído en él. Por eso anticipo un fracaso. Hoy el dueño de una pyme que blanquee a sus empleados en negro no sabe si este mismo gobierno duplicará mañana la presión tributaria.

P.: ¿Se podrían complementar estas medidas de modo de generar la confianza necesaria para detener esa fuga?

J.A.: En la Argentina hay una usina de incertidumbre por el ataque a mansalva de los derechos de propiedad, la Resolución 125, la estatización de Aerolíneas, la expropiación de los fondos jubilatorios y el INDEC. Por eso sube el riesgopaís,que se multiplicó desde el año pasado y significa que no hay crédito para la Argentina. Entonces la demanda agregada se compacta y le sigue la acumulación de inventarios y estancamiento de la producción.

Obstáculos

P.: ¿Cómo afectará la situación financiera del gobierno?

J.A.: Lo que sume a los ingresos fiscales el manotazo a los fondos de las AFJP será más que neutralizado por la caída en picada de la recaudación del año que viene por suba del riesgo, fuga de capitales y colapso de la actividad económica. No hay forma de parar la recesión y se va a empeorar la situación fiscal. Para reactivar la economía, hace falta bajar dramáticamente el riesgo argentino, y eso requiere salvaguardas de respeto a los contratos y la propiedad. Eso es incompatible con Néstor Kirchner. La Argentina con Néstor Kirchner no tiene salida, es un país estancado. Ya el año pasado me llamaba la atención que la Argentina no había entrado en recesión, cuando el riesgopaís pasó de 180 puntos en eneroa 600 en noviembre. Esto se debió a que los precios de nuestros productos estaban en estampida. El riesgo comprimía la demanda y el aumento de los precios motivaba la expansión; pero ahora los precios se desmoronaron y el riesgo argentino pasó de 600 a 1.800 puntos. No se puede luchar contra eso.

P.: Con ese panorama, ¿ya es esperable una recesión?

J.A.: En octubre, la actividad entró en franca caída. El año que viene habrá recesión porque se cayeron los precios internacionales y el riesgo-país se desbordó y nada se va a hacer para contenerlo. Se ve al gobierno «raspando la olla» para cumplir con los vencimientos y evitar el default que implicaría un incendio político.

P.: Usted vaticinó que con la sanción de la estatización de los fondos de las AFJP el gobierno no estaba evitando el default, sino anticipándolo.

J.A.: Yo anticipé que de sancionarse esa ley, la Argentina iba a experimentar un default sin entrar en default: hoy el riesgo-país llega a 1.800 puntos, la actividad va en picada y aumentará el desempleo.

P.: ¿Cómo espera que afecteal tipo de cambio este nuevo escenario?

J.A.: Va a bajar la recaudación, entonces necesitan emitir y la única salida para recaudar a través del impuesto inflacionario es la devaluación, que no va a ser desordenada ni catastrófica, porque hay reservas. Esto inducirá una inflación de 20% a 30%. Sin embrago, la van a presentar como causada por el mercado: se eleva el tipo de cambio porque Brasil devalúa y por la situación internacional. En realidad, es Martín Redrado con Kirchner atrás. Ya no hay flotación; es una «devaluación administrada». En la Argentina flotar es devaluar, y nadie aparece como culpable. No, están devaluando sistemáticamente el peso porque les permite emitir. El motivo es fiscal.

Actuar antes que sea tarde (recesión sin precedentes)

Actuar antes que sea tarde (recesión sin precedentes)

Por: Agustín A. Monteverde
Ámbito Financiero

La Argentina se encuentra a las puertas de una nueva recesión, cuya gravedad y extensión podrían no tener precedentes.

La violencia del frenazo -se registran caídas en las ventas de entre 30% y 40% en los más diversos sectores- sorprende incluso a quienes alertamos sobre la amenaza de un progresivo estancamiento para este año, en los tiempos que un INDEC novelesco aún podía recitar el cuento de las tasas chinas.

El cuarto trimestre cerrará con una caída neta de la actividad económica y la contracción durante el año próximo podría alcanzar 2,5%.

La posibilidad de revivir una pesadilla todavía fresca en la memoria de los argentinos obedece más a los repetidos desatinos y atropellos del gobierno que a los rigores de la severa crisis internacional que por tozudez hasta último momento se prefirió ignorar.

Nunca se vio un gobierno que, a la vez de proclamarse keynesiano, instrumentara tan puntillosamente medidas propias de un auténtico manual depresivo. Permanentes contrasentidos han sido la norma de la gestión K. Dominado por esa esquizofrenia, el mismo gobierno que mantuvo políticas expansivas frente a la inflación que se desbocaba, ahora gasta las reservas, absorbe pesos y lleva a alturas impensables las tasas de interés en el preciso momento que se derrumba la actividad económica a nivel planetario. Todo ello para contener la suba de un dólar que se aprecia, en cambio, frente a casi todas las monedas mundiales. Ese mismo dólar al que durante los últimos años -a costa de inflación y gasto cuasi fiscal- se lo sostuvo ( nominalmente) alto mientras se desplomaba en el resto del orbe. A esta antojadiza y tramposa convertibilidad prefirió llamársela « flotación administrada».

En plena recesión, cuando más se necesita del crédito, se liquida con un manotazo el único mecanismo de ahorros de largo plazo: el sistema de capitalización individual. Mientras se declama productivismo, en esta delicada circunstancia global, cuando menos hay que entorpecer a los sectores competitivos, se los asfixia con un doble cepo cambiario e impositivo, de dólar atrasado y elevado castigo a las exportaciones.

El circuito de financiamiento de las pymes se encuentra en situación desesperante. La reducción en los márgenes de descubierto está generando un default en cadena de ese segmento de empresas.

Pese a las altísimas tasas, en octubre se fueron $ 7.130 millones de depósitos del sector privado. En las dos primeras semanas de noviembre, se perdieron otros $ 1.500 millones.

La estampida de capitales provocada por la inseguridad jurídica devoró reservas y todo el excedente de cuenta corriente del año en curso. En octubre, la formación de activos externos alcanzó el récord de u$s 4.500 millones.

El deterioro fiscal y del balance-de pagos, junto a las dudas sobre el verdadero nivel de las reservas internacionales, impulsan la dolarización, más allá de los controles cambiarios y las presiones oficiales. Préstamos del BIS, ventas a futuro, deudas con la ANSeS y otros ítems arrojan sospechas de una inflada contabilización de las reservas.

Las cotizaciones de los bonos soberanos, por su parte, evidencian una percepción
generalizada de default inminente. Las exorbitantes tasas de retorno no consiguen seducir a los otrora denostados especuladores.

¿Tiene asidero tanta cautela inversora luego de que se confiscaran los fondos acumulados en 9,6 millones de cuentas jubilatorias individuales? ¿Acaso los Kirchner no han resuelto de un manotazo sus urgencias financieras con vistas a 2009?

La confiscación de los ahorros jubilatorios -siempre que no se proceda a una liquidación irracional- aportaría hasta u$s 4.500 millones «nuevos». La liquidación de las acciones que están en las carteras administradas provocaría el derrumbe del valor de las compañías cotizantes. Tampoco es hoy factible liquidar los depósitos a plazo fijo, a riesgo de generar la quiebra del sistema bancario, particularmente entre las grandes entidades.

En el mejor de los casos -y dependiendo de las decisiones del juez Griesa y otros tribunales extranjeros- sólo se podrá hacer de unos u$s 2.500 millones de la venta (a mal precio) de activos externos. A esto se agregarían -dependiendo de la marcha de la economía en general y del empleo en particular- unos u$s 2.000 millones « nuevos» de los aportes anuales de los actuales aportantes al sistema de capitalización (otros u$s 2.500 millones de aportes anuales hubieran sido invertidos de todas formas por las AFJP en bonos públicos y ya estaban asumidos como cautivos). Sobre la base de proyecciones conservadoras del deterioro que sufrirá la actividad doméstica, el superávit primario del año próximo, sin computar aquella confiscación, no superaría los u$s 6.000 millones.

Con vencimientos de deuda por u$s 20.500 millones, al gobierno le faltarían al menos u$s
10.000 millones aún computando la contrarreforma previsional, habida cuenta de la imposibilidad de recurrir al financiamiento voluntario.

¿Cuál puede ser la decisión de Kirchner ante semejante encerrona?

Una primera posibilidad sería obtener u$s 5.000 millones «nuevos» en el primer semestre y demorar hasta después de las elecciones un default formal (entre noviembre y diciembre vencen unos u$s 5.000 millones). Pero esto es improbable: Néstor Kirchner no está dispuesto a cargar con el estigma de una declaración de default. Creemos que el camino elegido será echar mano a las reservas internacionales del BCRA. Y por cierto que el gobierno -en silencio- ya ha previsto esa posibilidad. La nueva Ley de Presupuesto modificó el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central, con lo que podrá recurrir a -qué casualidadunos u$s 10.000 millones de las reservas. Esto llevaría el tipo de cambio de equilibrio por encima de $ 5 por dólar; el ratio podría ser mayor si se confirmaran las sospechas sobre el inflado artificial de las reservas. No hay resto para sostener la persistente huida de los argentinos hacia el dólar.

Claro que esa nueva ley orgánica expone a que las reservas internacionales sufran embargos por tribunales extranjeros.

Contramano

El gobierno tampoco tendrá problema alguno en usar los fondos que hasta hoy eran de los futuros jubilados, a contramano de las repetidas promesas al respecto. Para ello se modificó la ley orgánica del Banco Nación, habilitándolo a prestar al gobierno hasta 30% de los depósitos del sector público -incluida la ANSeS- para el pago de vencimientos de la deuda y obras públicas. Ese margen representa más de u$s 5.000 millones.

Por supuesto que no puede descartarse una contracción aún más severa de la economía local, como tampoco una caída adicional de los precios de los commodities, o un deterioro brusco de la actividad económica en Brasil. Esos eventos podrían esfumar toda posibilidad de cumplir con los vencimientos del año próximo.

Por eso, resguardar la actividad económica y los niveles de ocupación resulta indispensable. Es vital que los gobernantes de todo el mundo promuevan reacomodamientos en los precios de los diferentes sectores. Si los precios ajustan a la baja, la economía podrá lograr un nuevo piso de equilibrio desde el cual volver a la senda del crecimiento. Si los precios no lo hacen, la debilidad de la demanda se traducirá íntegramente en una siempre trágica caída de las cantidades. Menos ventas, menos producción, menos empleo, y su contracara: desocupación, pobreza y miseria crecientes. Esto significa que se debe incentivar y facilitar a las empresas la reducción de los precios de sus productos o servicios; y que también se debe alentar a los trabajadores a aceptar recortes salariales y de horas de trabajo. Y, por supuesto, el Estado también deberá estar dispuesto a reducir las cargas tributarias. Si todas las partes no están dispuestas a colaborar a desinflar la burbuja, el colapso vendrá de todas formas en su versión más dramática, por vía de las cantidades. Con parálisis, quiebras, desempleo y evasión en gran escala.

Las recetas «antirrecesivas» que Hoover y Roosevelt aplicaron en los 30 en EE.UU. lograron perpetuar una crisis que, iniciada en 1928, sólo finalizó con el ingreso en la Segunda Guerra en 1941. El cierre de las fronteras comerciales, con la consiguiente caída de las exportaciones, la rigidez salarial y la presión tributaria creciente ahogaron la economía norteamericana y elevaron la desocupación a más de 10 millones de personas cuando el tan venerado New Deal ya cumplía cuatro años y corrían diez de comenzada la crisis. Sólo entre agosto de 1937 y marzo del año siguiente los mercados se derrumbaron casi 50%. Lamentablemente, en boca de nuestros dirigentes campean reclamos de mayor proteccionismo, mejoras salariales y aumentos de impuestos, ignorantes de las enseñanzas de la historia e indiferentes a la elocuencia contundente de una destrucción sin precedentes de riqueza a escala planetaria.

Se viene la emergencia previsional

Más reacciones ante la inminente estatización de las AFJP
Se viene la emergencia previsional

Por: Aldo M. Abram
Ámbito Financiero

La estatización del sistema de capitalización tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y marcha hacia una casi segura aprobación en el Senado. El nivel de discusión del tema dejó claro el grado de desconocimiento con el que votan nuestros legisladores.

Cuando los representantes argumentan que no hay confiscación porque es un derecho en expectativa, desconocen que el sistema de capitalización no funciona como el de reparto, en el que con los aportes se compra el derecho a una futura jubilación. En la ley que dio origen a los fondos de jubilaciones y pensiones, se estableció que los aportes eran ahorros para la vejez de los afiliados y que les pertenecían. Se acotó su disponibilidad a poder decidir quién administraría ese flujo de recursos y, una vez cumplidas las condiciones para jubilarse, a qué empresa se destinaría para la compra de una renta vitalicia. Es más, la norma determina que el Fondo no es parte del patrimonio de las administradoras, sino propiedad de los aportantes; por lo que la administradora puede quebrar y el afiliado mudar sus ahorros intactos a otra AFJP. Uno puede disponer de tal forma de algo que es un ahorro; pero, eso no es posible hacerlo con un derecho en expectativa. Tampoco, nadie caracterizaría así a un fideicomiso; a pesar de que, al igual que en el caso de los fondos, para recibir los resultados, el beneficiario debe esperar que se cumplan determinadas condiciones prefijadas, mientras un administrador se hace cargo de su gestión.

Según los legisladores y funcionarios oficialistas, habría que esperar hasta la edad de jubilación para poder determinar si el aportante se vio perjudicado por el cambio, por lo que eso impediría que pudieran actuar judicialmente. Esta es una visión corta del derecho de propiedad que está preservado en nuestra Constitución y que incluye nuestros ahorros, para cualquier fin que deseemos asignarlos. Por ejemplo, para nuestra vejez, como los recursos acumulados en las AFJP, que no son un aporte para adquirir un derecho a una jubilación determinada. Por ello, la apropiación de dichos recursos por el Estado es una confiscación de la propiedad de los afiliados y va en contra del mandato de nuestra carta magna. Por lo tanto, nuestros legisladores están sentando un triste precedente que diluirá aún más nuestra ya mínima seguridad jurídica. Cabe imaginarse cuánta gente querrá ahorrar o invertir en un país en el cual sus gobiernos y congresales no tienen ningún límite para tomar lo que es propiedad de sus residentes.

Diferencia

Distinto hubiera sido si el gobierno hubiese pedido a nuestros legisladores que, hacia delante, eliminaran la posibilidad de aportar a una AFJP, obligándonos a hacerlo al sistema de reparto. Esto sería un atropello a la voluntad de permanecer en el sistema de capitalización manifestada por los actuales afiliados el año pasado cuando el gobierno, argumentando darles más libertad, permitió pasarse al régimen estatal, cosa que pocos hicieron. Sin embargo, formalmente no estaría afectando ningún derecho constitucional.

Según nuestros legisladores y funcionarios, su intención es salvar a los afiliados a las AFJP, ya que sus fondos se han depreciado con la crisis internacional. No obstante, gran parte de las inversiones están en bonos del sector público que, es cierto, valen poco, pero debido a que cotizan como los de un país en «cesación de pagos». Esto último implica que la gente considera que es baja la probabilidad de que el Estado argentino cumpla con sus compromisos. Es decir, nos pretenden «salvar» transfiriendo nuestros ahorros para nuestra vejez, pasados y futuros, a un Estado que todos opinan que no pagará lo comprometido.

Compromiso

Para entender mejor la gravedad de lo expuesto anteriormente, es mejor tener clara la naturaleza de nuestro sistema de reparto. Cuando uno aporta a él, está comprando un compromiso futuro del Estado a abonarle un determinado pago mensual a partir de su jubilación. Es decir que está adquiriendo una deuda pública que le pagará cupones todos los meses durante su etapa pasiva. Sin embargo, el Estado lo contabiliza como ingreso corriente y puede gastárselo sin que ello signifique mostrar un déficit fiscal.

Con la reforma previsional del año pasado, también nos aseguraron que se gestaban los controles para que no se utilizaran los recursos para gasto público, creando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público. El resultado fue que el gobierno usó los recursos para «disfrazar» el resultado fiscal y poder gastar $ 11.000 millones más para las elecciones. ¿Alguien puede dudar que los recursos de esta nueva reforma terminarán financiando la política económica y fiscal expansiva del gobierno para los comicios de 2009?

Algunos cálculos indican que, tras la sanción del proyecto oficial, el déficit previsionalse incrementará en casi u$s 500.000 millones. Si tenemos en cuenta que nuestra deuda pública es de unos u$s 160.000 millones, queda claro que la aprobación de este proyecto es lo que nos llevará a un futuro default previsional y no el mantener el sistema de capitalización, como aseguró en el Congreso un ministro.

Dado que esa cifra es impagable, en el futuro algún gobierno declarará una emergencia previsional más y les dirá a los jubilados que no puede abonarles lo que les prometieron, porque otros se gastaron la plata. Además, tendrá que pedirles un mayor esfuerzo a los contribuyentes, nuestros « agradecidos» hijos y nietos, para tratar de moderar en algo el perjuicio del sector pasivo. Historia repetida, ¿o alguien conoce algún jubilado que haya aportado por más de la mínima y que hoy cobre lo que corresponde?

Lo más grave es la pasividad ciudadana ante el atropello de sus derechos constitucionales. Empero, cómo podemos exigirle a doña Rosa que cumpla con su responsabilidad cívica, cuando en la dirigencia empresaria, académica y profesional, que cuenta con más medios, ha brillado por su ausencia o sólo manifestado alguna temerosa preocupación ante este hecho de enorme gravedad institucional. Alguna vez escuché decir al Dr. Carlos Escudé que «el populismo es la única alternativa democrática para países con altos niveles de pobreza». En realidad, creo que el populismo es la única alternativa democrática para países con una pobre dirigencia, lo cual condena a la Argentina a una permanente decadencia.

¡Arriba las manos! Vengo a salvarlo

Fondo de garantía de depositos, ¿otra víctima?
¡Arriba las manos! Vengo a salvarlo

Por: Agustín A. Monteverde
Ámbito Financiero

Más que un programa económico, Kirchner fundó un modelo de poder basado en el manejo discrecional de la caja. La caja holgada era el resultado de un desquiciado sistema tributario montado sobre feroces impuestos a las exportaciones solventados por precios internacionales inéditos para los productos de nuestros sectores más competitivos.

Advertimos reiteradamente la gravedad y extensión de la crisis que algunos limitaban al subprime.

Nosotros preferimos insistir en su carácter global y el inevitable impacto sobre las materias primas. Durante más de un año, la actitud oficial fue negar eventuales consecuencias sobre nuestra economía, que a juicio del matrimonio gobernante lucía como ejemplo para un Primer Mundo que se derrumbaba cual burbuja (¿?) y que necesitaba el plan B del que la sólida Argentina podía prescindir. Mientras la Presidente dedicaba horas cátedra a fustigar la codicia especulativa de banqueros e inversores y nos contaba cómo ella tenía perfectamente previsto el crac financiero, la larga y perdidosa batalla con el campo mostraba la realidad de un gobierno subido a una fiesta de commodities que creían interminable. Tan poco en cuenta tenía la grave situación internacional que -con el disfraz bajo el manto de un ya extinto acuerdo con los outholders- la angurrienta caja oficial apostó a conseguir fondos frescos de los bancos internacionales, llegando a signar una carta de intención en el mismo momento en que se desmoronaba la mitad del sistema bancario mundial. El documento no constituía tan siquiera un gesto; se trataba más bien de una grosera gesticulación enderezada a mostrar una «negociación efectiva» con los acreedores, condición exigida por el paciente juez Griesa para destrabar activos integrantes del colateral del préstamo garantizado y poder así forzar la refinanciación con los cautivos acreedores locales.

Nuestra economía, en tanto, iba evidenciando un parate inocultable. A las variadas cuestiones locales -controles de precios, normas laborales, presión impositiva, amenazante entorno políticose sumaría la perspectiva de una severa caída de nuestras ventas externas para arrojar un panorama fiscal verdaderamente sombrío para el crucial -por lo electoral-año próximo. Sin acceso a financiamiento voluntario y desechada la posibilidad de lograr el superávit fiscal proyectado en el fantasioso Presupuesto 2009, el programa financiero resultaba de cumplimiento imposible, dejándonos en la antesala de un nuevo default. Para los Kirchner eso significaría el final.

Rápido de reflejos y liviano de escrúpulos, el gobierno hizo del manotazo a los fondos jubilatorios particulares su tabla de salvación. Con impenitente cinismo, anunció su proyecto de salvataje al «conceptualmente inviable» régimen de capitalización individual. No alcanzaba con las sucesivas defraudaciones perpetradas al sistema, obligándolo a cargar con ruinosos bonos públicos, presionando a las administradoras para aceptar el canje, recortando a dos tercios los aportes, falsificando la inflación con que se ajustan esos títulos a una tercera parte de lo real. Si los afiliados no habían tenido la generosidad de pasar por propia y libre decisión sus aportes al barril sin fondo estatal, ahora les serían quitados por la fuerza. Ni en las más crueles monarquías absolutas un rey podía disponer tan a su antojo de los bienes de todos sus vasallos.

Confiscación

De nada servirían los argumentos morales o jurídicos. Una remunerada cohorte de legisladores, sindicalistas y medios de comunicación saldrían a hablar de estatización de las AFJP -falso a todas lucesen lugar de la masiva confiscación a más de nueve millones de argentinos. Es más, saldrían a argumentar la inexistencia del derecho de propiedad (así hacen los ladrones), basándose en la imposibilidad de disponer sobre esos ahorros antes de jubilarse (¿acaso no ocurre lo mismo con el importe a percibir por un pagaré?).

Con impar descaro, los mismos funcionarios que pocos meses atrás se mostraban como abanderados del derecho a la libre elección, intentan convencernos de los méritos de someterse alegremente al ultraje. Es que -aseguranvienen a salvarnos. De los quebrantos que ellos mismos les provocaron a nuestros ahorros. Prometiéndonos la jugosa jubilación estatal. La misma que gratifica hoy a 84% de sus « beneficiarios» con los haberes mínimos, cuando éstos eran 30% al comienzo de la gestión de Néstor I.

Tampoco importaron los argumentos más prácticos en contra del latrocinio a perpetrar: el solo anuncio de confiscación convertía a las tenencias de los futuros jubilados pasibles de embargos por parte de los tribunales extranjeros. Por si no fuera suficiente, el gobierno no esperó al Congreso y comenzó a actuar como el verdadero titular de los fondos, ordenando movimientos a las administradoras. La decisión precipitó los bloqueos. Los acreedores, buitres incluidos, agradecidos.

Resulta al menos pintoresca la actitud de algunos supuestos opositores. Sus críticas no se centraron en la propiedad violada o en la burla al libre albedrío. Su preocupación está en el correcto y profesional manejo de los fondos. El mismo (des)manejo que hasta hoy se hace con los fondos del sistema estatal -en abierta descapitalización, « prestados» al Fisco a tasa negativasin queja alguna por parte de estos objetores. Creer que quien se lleva por la fuerza los ahorros jubilatorios particulares los va a respetar intactos es como creerle a un violador serial que va a entrar al baño de las chicas tapándose los ojos. En esta Argentina, lo único intangible es el derecho de propiedad.

Plan de salvataje. Sistema de reparto. Nunca mejor elegidos los nombres. Queda claro quiénes se salvarán y de quiénes serán los dinerillos repartidos.

Asustados, los supuestos «beneficiarios» del salvataje huyen con lo que les queda de las reglas de juego del monarca. La salida de capitales recrudece, el dólar y las tasas toman altura. El Banco Central empeña las reservas para evitar una vuelta campana cambiaria.

«Hay artillería de sobra para controlar el dólar» -se oye decir a políticos y funcionarios-. No sabemos a cuál munición se refieren. Porque si se trata de las reservas, sobradas dudas quedan. Desde hace seis meses venimos advirtiendo sobre la oscura contabilidad al respecto. En el país en que se digitan desde las estadísticas de inflación y de actividad hasta las de pobreza, la opacidad de la información brindada por el BCRA no le va en zaga.

Es urgente que la autoridad monetaria informe el monto de préstamos de organismos multilaterales, de ventas a futuro, de operaciones de pase con divisas eventualmente de títulos públicos computados como reservas. La información sobre las cuentas públicas es un bien también público al que los ciudadanos tienen derecho. La falta de información clara y completa aumenta el temor de los agentes económicos.

También se necesita conocer con urgencia en qué activos se encuentran invertidas las sumas integrantes del Fondo de Garantía de los Depósitos. En momentos en que cruje el sistema bancario mundial, es saludable que los ahorristas puedan estar tranquilos sobre la real capacidad de auxilio del fondo que administra -bajo control estatal- la Sociedad de Garantía de los Depósitos (SEDESA).

Hay pedidos de informe en el Congreso durmiendo el sueño de los justos. Ya nos sorprendieron queriendo llevarse nuestros ahorros jubilatorios, sobre los que habían afirmado que respetarían nuestra libre elección. Esperemos que el nivel de las reservas internacionales y la situación del fondo de garantía no constituyan la próxima sorpresa. Todo vale cuando la caja, base del poder K, está amenazada.

El ajuste más benigno

Por: Enrique Szewach

Ámbito Financiero

Hace algunos años, las hinchadas de fútbol utilizaban cánticos mucho más ingenuos que ahora para mortificar a sus rivales. Uno en particular hacía referencia a la falta de gente y/o entusiasmo en la tribuna contraria -generalmente visitante-. Decía algo así: «Como no tienen hinchada, les hacemos la gauchada», seguido por una irónica mención del nombre del equipo contrincante, como si se tratara de la hinchada propia.

Las líneas que siguen se inscriben en el mismo contexto. Da toda la impresión, con todo respeto, de que Néstor Kirchner carece de equipo económico, al menos de uno capaz de decirle lo que piensa y jugarse por ese pensamiento.

Esa carencia nos está llevando lenta, pero inexorablemente, a un ajuste mucho mayor que el que necesitaríamos dado el cambio de ciclo internacional.

Por lo tanto, va una modesta contribución a la solución del problema macroeconómico que hoy enfrenta la Argentina.

Primero, nuevamente una definición del problema. La Argentina, como el resto del mundo emergente, ha recibido un shock externo negativo, reflejado en la baja de los precios de nuestros principales productos de exportación. La caída del valor de los activos financieros y de todo tipo en las carteras de sus ciudadanos, acumuladas fuera de la Argentina (efecto riqueza negativa) y, en el caso particular de nuestro país, una contracción de la demanda de nuestros vecinos, por la salida de capitales que han sufrido, en especial Brasil, y sus respectivos ajustes devaluatorios, frente a la revaluación del dólar motivada en la demanda global por liquidez dolarizada.

Las mismas condiciones que enfrentamos a finales de la década del 90. Con varias ventajas. Los precios de los commodities agrícolas, si bien han bajado fuertemente, se mantienen por encima de los vigentes en ese período. El sistema financiero y las empresas locales no están dolarizados en sus deudas y, en muchos casos, no tienen deuda. La Argentina, aunque en niveles inferiores a los « declarados», conserva superávit de caja -si se pudiera renovar la deuda- y superávit comercial -en baja por la caída de exportaciones, pero compensado por la segura reducción de importaciones-.

Este escenario global ya obligaba, obviamente, a un ajuste macroeconómico a la nueva situación.

Lamentablemente, el gobierno de Kirchner le agregó al escenario global dos señales desastrosas durante este año: la crisis con el campo y la decisión de confiscar los ahorros de los afiliados a las AFJP y de transformar, en el flujo, un ahorro en un impuesto. Ambas decisiones sumadas a las expectativas, alentadas por funcionarios y dirigentes empresarios, de un aumento del tipo de cambio real ( devaluación real) están llevando a una persistente salida de capitales, financiada con el saldo del balance comercial y reservas del Banco Central. Dicho de otra manera, estamos ante la necesidad de un «ajuste real» a la situación global, sumado, ahora, a un «ajuste financiero» derivado de la fuga de capitales generada por los errores del propio gobierno.

Dejemos, por ahora, de lado el tema de la salida de capitales.

¿Qué significa un ajuste real? Básicamente, que los salarios y el gasto público, medidos en dólares, tienen que caer. Esto implica un cambio de precios relativos a favor de los exportables y sustitutos de importaciones. ¿Por qué? Porque esto permitiría, al aumentar el saldo del balance comercial, que una parte del ajuste lo financie el resto del mundo. (Todos los países, obviamente, están tratando de que el ajuste lo paguen los otros.) Cuanto menor sea el aumento del tipo de cambio real, mayor será el ajuste interno, en términos de nivel de actividad y desempleo. Ahora bien, como estamos en un contexto de inercia inflacionaria de 20% anual mínimo, en una economía cuyo numerario es el dólar, resulta muy peligroso hacer este cambio de precios relativos tratando sólo de aumentar el tipo de cambio nominal,-dado que el riesgo de « estanflación», en ese contexto, es elevado. De manera que se requiere contener la suba nominal de salarios y gasto, para que la devaluación real sea importante, sin necesidad de una fuerte devaluación nominal. (Después vuelvo al tema de fuga de capitales que complica el análisis.)

De manera que ya estamos en condiciones de delinear una serie de medidas:

1. Retiro del Presupuesto Nacional del Congreso, para adaptarlo a las nuevas condiciones locales e internacionales. Congelando todas las partidas que se puedan. Moderando los aumentos de lo que tenga que subir, eliminando subsidios a las clases altas y concentrando recursos en gasto social. Contrariamente a lo que sucede en el resto del mundo, en la Argentina y en este contexto, el gasto público no es reactivante, porque no se puede financiar con deuda. Se financia con impuestos, en especial a los comerciables -menos saldo de balanza comercial- y con inflación -menos poder de compra de los asalariados-.

2. Eliminación de todas las restricciones a la exportación, incluyendo las retenciones, de manera de incentivar un aumento del saldo exportable. Así se logra, insisto, que parte del ajuste lo financie el resto del mundo comprando nuestros productos. (Una medida extraordinaria, como «señal», sería la eliminación lisa y llana del ONCCA.)

3. Junto con el nuevo presupuesto, un acuerdo de precios y salarios que «coordine expectativas» en torno a la inflación futura y no pasada.

Estas medidas permitirían cambiar precios relativos a favorde los exportables y sustitutosde importaciones sin necesidad de una fuerte devaluación nominal. Y esto se vincula con la fuga de capitales.

Obviamente, si la fuga de capitales continúa, lo que se consiga de aumento del balance comercial y de ajuste del sector asalariado servirá sólo para financiar la salida, sin tantas pérdidas de reservas, pero no influirá en el nivel de actividad. Hay que frenar el drenaje generado por Kirchner y su política antikeynesiana de «confiscar» y «expropiar», en lugar de inyectar fondos a la economía privada.

En ese sentido, un conjunto de medidas de emergencia adicionales:

1. Retiro inmediato del proyecto de confiscación de los ahorros previsionales del Congreso.

2. Aprovechar la desaceleración de la inflación para un inmediato blanqueo del INDEC, eliminando la intervención y restableciendo autoridades creíbles.

3. En ese contexto, solicitar al FMI un crédito de apoyo por el importe de la cuota a la que tiene derecho la Argentina, (aproximadamente 20.000 millones de dólares), sin programa y sólo con monitoreo, para cancelar deuda y fortalecer las reservas del Banco Central.

Por supuesto que este conjunto de medidas tienen el propósito de recuperar la confianza perdida en el kirchnerismo -si eso fuera posible-, frenar la salida de capitales y la suba de la tasa de interés en pesos, y minimizar el ajuste interno, con menos caída de nivel de actividad, empleo y salarios.

La alternativa es la que estamos viviendo. Fuga de capitales,necesidad de una mayor devaluación nominal para «contrarrestar» el efecto K sobre los derechos de propiedad, mayor recesión, mayor desempleo, pérdida de reservas del Banco Central, etc.

En síntesis, las variantes surgen relativamente claras: o un programa de emergencia para suavizar el ajuste actual, o seguir con este programa de aliento a la fuga de capitales, la recesión, el desempleo y la pérdida de reservas. O un « overshooting» de tipo de cambio, para contrarrestar el ataque K a los derechos de propiedad.

Si tuviéramos una oposición responsable, muchas de estas medidas podrían surgir del Congreso, presionando sobre el Ejecutivo. Lamentablemente, hoy estamos frente a las dos últimas alternativas o, mejor dicho, frente a la sucesión consecutiva de los dos últimos esquemas. Un intento de parar «de prepo» la fuga de capitales, seguido por un «overshooting» cambiario.

Dadas las condiciones iniciales descriptas y las opciones disponibles, una verdadera lástima.